Japón da un paso para elevar edad mínima de consentimiento sexual

Expertos encargados por el Ministerio de Justicia propusieron elevar a 16 años la edad mínima de consentimiento para tener relaciones sexuales, incluir reformas para facilitar los procesos judiciales por violación y poder considerar a los voyeristas como criminales.

Estas recomendaciones se producen tras una serie de absoluciones en Japón en casos de violación en 2019, decisiones que indignaron a las partes demandantes y provocaron manifestaciones de mujeres en todo el país, en solidaridad con las víctimas.

Las enmiendas legislativas basadas en estas propuestas podrían ser aprobadas por el Parlamento este año. La edad de consentimiento sexual en Japón es la más baja entre los países miembros del G7, y también es más baja que en China y Corea del Sur, países vecinos del archipiélago.

Según la ley actual sobre relaciones sexuales -que no fue modificada desde su introducción en 1907-, se considera que a partir de los 13 años los menores pueden consentir voluntariamente tener actos sexuales.

Esto dificulta que víctimas tan jóvenes puedan llevar a sus agresores ante la justicia, mientras que en muchos otros países ese acto sería directamente punible. Sin embargo, en la práctica, las órdenes departamentales en muchas partes de Japón -que prohíben los actos "obscenos" con menores- elevan la edad de consentimiento a los 18 años.

Pero estas órdenes van acompañadas de sanciones mucho más leves que si los acusados fueran procesados por violación, considerando tales actos sexuales como un simple comportamiento "poco ético", denuncia Kazuna Kanajiri, directora de PAPS, una asociación japonesa de defensa de las víctimas de pornografía y explotación sexual.

Esto permite a los agresores "culpar a sus víctimas, alegando que ellas mismas iniciaron o disfrutaron las relaciones sexuales", destaca Kanajiri, entrevistada por la AFP.

No obstante, las relaciones sexuales entre dos adolescentes mayores de 13 años seguirían siendo legales si hay menos de cinco años de diferencia entre ambos.

Japón ya modificó su legislación contra la violencia sexual en 2017, pero para muchos estas reformas no son suficientes. Uno de los puntos más criticados de la legislación vigente sobre la violación en Japón es que los fiscales deben demostrar que los acusados recurrieron a la "violencia y la intimidación".

Sus detractores argumentan que a menudo se culpa a las víctimas de no haber resistido suficientemente, y subrayan que las personas agredidas pueden sentirse paralizadas o bien someterse a una violación por miedo a sufrir lesiones adicionales.

El comité de expertos del Ministerio de Justicia no propone suprimir el texto, sino incluir otras disposiciones para definir la violación, como que la víctima haya sido drogada, sorprendida o manipulada psicológicamente.

Esta aclaración "no tiene por objeto facilitar o complicar" las condenas por violación, sino hacer que los veredictos de los tribunales sean "más coherentes", explica Yusuke Asanuma, responsable del Ministerio de Justicia.

Esta evolución es un avance, pero "todavía no se ajusta a los criterios internacionales en materia de legislación sobre la violación", responde el grupo de defensa Human Rights Now en un comunicado.

El panel de expertos del ministerio también propone introducir un nuevo delito que cubra el acto de filmar en secreto a alguien con fines sexuales, así como la ampliación del plazo de prescripción para los abusos sexuales contra menores, con el fin de darles más tiempo para presentar quejas.