Tras 16 años, un comisario local fue absuelto en una causa por enriquecimiento ilícito

El comisario inspector Jorge Alberto Peciña fue absuelto luego de estar 16 años vinculado en una causa por presunto enriquecimiento ilícito, junto a varios funcionarios policiales. El fiscal de juicio Martín Chiorazzi solicitó «la libre absolución» por la falta de pruebas que permitieran acreditar el delito y pidió perdón por su procesamiento durante tanto tiempo por «un error de interpretación».

El nombre del exjefe de la DDI local, oriundo de Coronel Dorrego y con residencia actual en la ciudad, estuvo involucrado en la causa desde el año 2003, cuando el entonces director general de Asuntos Internos, Claudio Cohen Salama, denunció a más de veinte policías por sospechas de un incremento patrimonial.

La nómina, además del mencionado, estaba compuesta por Julio César Frutos, Víctor Hugo Herrera, Rodolfo Coronel, Alberto Barchuk, Deraldo Luziaga, Jorge Cassino, Claudio Raúl Martínez, Jorge Pascual Avesani, Antonio Mercado, Gustavo Alberto Arenas, Omar Carreiras, Gustavo Desmul, Jorge Alfredo Fiallo, Marcelo Oscar García y Graciela Regina Zonta. A ellos se sumaron a los exjefes Aníbal Degastaldi, Alberto Cánepa, Angel Casafús, Héctor Rodolfo Díaz y Alberto Sobrado. Ninguno fue condenado.

Según el portal platense 0221, el primero de los indicios de que algo estaba mal en la causa lo dio el abogado Jorge Alberto Perea, quien al momento de la denuncia era inspector de Asuntos Internos, el organismo oficial que investiga la conducta de los policías.

El testigo recordó que la denuncia se inició luego de un informe periodístico y la orden política que emanó desde el ministerio de Seguridad, que entonces comandaba Juan Pablo Cafiero, fue investigar “a todos los jefes departamentales, todos los jefes de las DDI y los secretarios” de ambas fracciones de la fuerza policial.

La pesquisa se ejecutó “sin recursos ni personal, se hizo de la peor manera”, reconoció el abogado quien renunció al cargo en 2004, cansado de las presiones políticas que recibía. “Era una suerte de caza de brujas, era todo improvisación”, rememoró. Además subrayó un dato central. Entre los años 2002 y 2003 en la provincia de Buenos pasaron 11 ministros de Seguridad, quienes eran el fusible de turno por la ola de secuestros extorsivos que imperó entonces.

El punto fuerte de la jornada lo dio la ex perito contable de la Suprema Corte bonaerense, María Ester Pozzi, quien realizó el informe patrimonial de Peciña. “Los ingresos están justificados, no hubo crecimiento patrimonial injustificado” dictaminó al experta.

Ocurrió que en su informe utilizó el término “exceso”, un tecnicismo de los contadores que durante la investigación, los cuatro fiscales que tuvieron el expediente, nunca se preocuparon en aclarar.

Ante este panorama, el fiscal de juicio Martín Chiorazzi no le quedó otro camino posible que desistir de la acusación.

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