Soterramiento del Sarmiento: determinan el circuito por cuentas off shore que siguió el dinero de las coimas

El fiscal federal Franco Picardi, quien junto al juez Marcelo Martínez De Giorgi tiene a cargo la investigación para determinar si las empresas que se quedaron con el millonario contrato del soterramiento del Ferrocarril Sarmiento pagaron coimas a ex funcionarios del ministerio de Planificación, reconstruyó el laberíntico movimiento de dinero en cuentas off shore que se destinó a los sobornos.

Picardi pudo determinar por dónde circularon los USD 4.495.250 que salieron de la cuenta que tenían en Argentina las cuatro empresas que manejaron durante el kirchnerismo el nunca terminado proyecto del soterramiento del Sarmiento. Esas firmas son la brasilera Odebrecht, la argentina Iecsa, la española Comsa y la italiana Ghella. Ejecutivos de Odebrecht declararon en el caso Lava Jato -que se investiga en Brasil- que pagaron coimas a funcionarios durante el kirchnerismo para tener millonarios contratos de obra pública.

El fiscal Picardi manifestó en varias ocasiones en las que presentó escritos en el juzgado a cargo de Martínez De Giorgi que tiene probado el pago de sobornos y que los pagadores fueron los integrantes del consorcio empresario cuya firma más importante en la Argentina era Iecsa, propiedad de Ángelo Calcaterra, primo del ex presidente Mauricio Macri.

Según el fiscal hubo dos etapas de pago de coimas. La primera fue antes de la adjudicación, en la que se logró determinar que las firmas Iecsa y Comsa realizaron pagos indebidos al entonces secretario de Transporte Ricardo Jaime, vía una consultoría inexistente. Esos pagos se canalizaron a través de la empresa fantasma Caesa de Manuel Vázquez, histórico testaferro y hacedor de negocios sucios de Jaime. En aquella ocasión, según el fiscal, los pagos documentados ascendieron a casi un millón de pesos.

La segunda etapa comenzó una vez adjudicada la obra y el sistema de pagos se perfeccionó ya que –tal como consta en la investigación judicial- se utilizaron empresas offshore para mover el dinero. Se estableció en la causa judicial que casi cinco millones de dólares fueron enviados al Principado de Andorra. El vehículo fue –según explicó Picardi- la firma de dos contratos ficticios entre las cuatro firmas ganadoras de la licitación y la empresa española DSC. Esa firma fue utilizada por Odebrecht para pagar sobornos por obras obtenidas en otros países de América Latina.

Durante la investigación judicial se determinó que el consorcio empresario inventó contratos de consultoría con DSC para sacar del país el dinero destinado a las coimas que luego de un derrotero por varios países terminó en Uruguay donde, se presume, fue retirado en efectivo. Las defensas de los imputados niegan la falsedad del contrato.

Para Picardi esa operación ficticia “se erigió como un eslabón más dentro de un engranaje jurídico y financiero diseñado por las firmas en cuestión y sus integrantes con el solo fin de concretar el pago de sobornos a funcionarios públicos integrantes de la entonces cartera del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la Nación, y asegurarse de esta forma la adjudicación y continuidad de la obra pública para el soterramiento del Ferrocarril Sarmiento”. Así lo señala en un informe sobre la circulación del dinero para las coimas que presentó ayer ante el juez Martínez De Giorgi y al que Infobae accedió a través de fuentes judiciales.

A partir de información recibida por las autoridades financieras de Andorra, hacia donde salió el dinero desde Buenos Aires y por el análisis realizado por la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones de la Procuración General de la Nación (DAFI), se determinó el recorrido del dinero.

La UTE que tuvo el contrato del soterramiento giró USD 4.495.250 a la cuenta de la firma española DSC en la Banca Privada de Andorra. Ese fue el pago por los “Servicios de Consultoría” que figuran en el contrato.

Luego DSC transfirió exactamente el 95% (USD 4.270.468,50) de los fondos recibidos de las empresas del soterramiento a Convergence Capital (CC). La española le pagó a CC un firma radicada en Holanda, con motivo de otro contrato para realizar “Servicios Técnicos” relacionado con la obra pública para el soterramiento del Ferrocarril Sarmiento

Convergence Capital transfirió el 85,6% de los ingresos que recibió de DSC de manera fragmentada a otras cuentas. Mandó el dinero a Kleindfeld Services Limited, Lion´s Soul, Egeland Consultance Inc. y a una cuenta propia de la Banca Privada de Andorra llamada Serveis S.A. Estas cuentas tienen radicación en Holanda, Curazao y las Islas Vírgenes Brítanicas.

Lion´s Soul giró importes a Egeland Consultance Inc y Nashville Financial Corp. en el Meinl Bank Antigua. Egeland transfirió el 93,5% de los fondos recibidos a la cuenta de Carday Capital S.A. en la Banca Privada de Andorra. Carday declara domicilio permanente en Montevideo, Uruguay y sitúa la dirección de la empresa en la ciudad de Panamá, en Panamá. Allí termina la ruta del dinero del soterramiento y para los investigadores fue retirada en efectivo por quienes iban a pagar finalmente las coimas.

El fiscal aseguró que “la estructura de corrupción estudiada en autos se ha traducido en maniobras de suma complejidad, que ha incluido un pacto venal sellado a partir del año 2005 entre determinados funcionarios del ex Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la Nación, y empresarios de las firmas Constructora Norberto Odebrecht S.A., Iecsa S.A., Ghella Spa y Comsa S.A., sucesivas connivencias, promesas de pagos y pagos indebidos, contratos comerciales simulados y una ingeniería financiera diseñada para la triangulación espuria de cuantiosas sumas de dinero, con la participación de sociedades nacionales y extranjeras, tanto en miras a posibilitar retornos para la canalización de sobornos, como para consolidar provechos económicos resultantes”.

El movimiento de dinero, fraccionado y a través de cuentas en paraísos fiscales, demuestra, según el fiscal Picardi, la intención de evitar la trazabilidad de los dólares porque tenían un destino delictual. Varias de las firmas que aparecen en la ruta del dinero del soterramiento fueron vinculadas con otros pagos de coimas en los que está involucrada Odebrecht que siempre tuvo en sus socios locales a los que aceitaban los mecanismos para que los negocios se concretaran.

En abril pasado, Picardi pidió el procesamiento de Calcaterra y otros empresarios involucrados en el caso por el delito de cohecho activo. También pidió el procesamiento de los ex funcionarios Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi (que fueron secretarios de Transporte), y de José López (ex secretario de Obras Públicas) y de Roberto Baratta( ex subsecretario de Coordinación del ministerio de Planifiación) por la recepción de los sobornos. En tanto para el ex ministro Julio De Vido Picardi pidió profundizar la investigación para determinar si recibió sobornos. Y otro de los que participó de la maniobra es Vázquez, testaferro de Jaime quien declaró como arrepentido y reveló el entramado del pago de coimas y luego se arrepintió de haberse arrepentido.

El juez Martínez De Giorgi había dictado falta de mérito y procesamientos para los diferentes imputados. La Cámara Federal anuló aquella decisión por lo tanto la causa sigue en pleno trámite investigativo. El informe presentado ayer por Picardi refuerza la hipótesis del pago/cobro de coimas y revela el circuito del dinero.

El fiscal concluyó que “no caben dudas de que la Unión Transitoria de Empresas suscribió el convenio contractual con DSC y fingió la contratación de prestaciones de servicios inexistentes con la única finalidad de respaldar legalmente la salida de fondos espurios al exterior. En este escenario, la BPA fue el vehículo que le permitió y facilitó el traspaso de fondos ilegales a través del gigantesco entramado de corrupción diseñado por el grupo de empresas y sus integrantes”.

Empresarios y funcionarios todos bajo sospecha por negocios con obra pública. Una situación que se repite en varios casos de corrupción que aún son investigados en los juzgados del edificio de Comodoro Py 2002. (Infobae)

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