Bolsonaro enfrenta su primera crisis de seguridad por la violencia creciente en Ceará

La violencia continúa escalando en el estado de Ceará en el nordeste brasileño y el gobierno decidió trasladar 20 presos peligrosos a una cárcel de máxima seguridad. En una de sus primeras medidas de gobierno el presidente Jair Bolsonaro había enviado más de 400 miembros de la Fuerza Policial Nacional para contener los desbordes.

El gobernador de Ceará, Camilo Santana había anunciado cambios que endurecerían las condiciones carcelarias. Aún en prisión los delincuentes continúan al mando de negocios ilícitos y Santana intentó recortar algunos de los privilegios. Por eso desde el primer día del año comenzaron disturbios que la policía no pudo controlar.

La respuesta fueron 185 ataques incendiarios en distintas dependencias públicas, micros y bancos. Esos incidentes llevaron a la muerte de tres personas y a la detención de otras 168 en un estado que vive mayormente de los ingresos que genera el turismo en las playas de Fortaleza y alrededores.

Días atrás los atacantes intentaron volar un puente con explosivos e incluso lograr incendiar decenas de vehículos secuestrados en un depósito policial.

La agenda de seguridad fue uno de los ejes de la campaña de Bolsonaro, quien fue militar y tiene estrechos vínculos con el ejército. Las más de 60 mil personas que mueren todos los años en Brasil fueron uno de los argumentos más repetidos para justificar la mano dura.

Para los especialistas se trata de una prueba clave para el mandatario brasileño que durante la campaña electoral había propuesto liberar la venta de armas para que los ciudadanos puedan ejercer la «autodefensa».

Esa norma deberá pasar por el Congreso, al igual que su propuesta para dotar de «protección jurídica» a los policías que maten delincuentes «en el cumplimiento de su deber». Sin embargo la creciente violencia podría ser uno de los mejores argumentos para que el parlamento vote esas normas.

Los jefes criminales fueron transferidos a la Penitenciaría de Mossoró, una cárcel de máxima seguridad administrado por el Gobierno federal de Brasil en el estado de Río Grande do Norte. El traslado se realizó en la madrugada de este miércoles bajo estrictas medidas de seguridad para evitar un intento de rescate de los presos.

(La Política Online)

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